El traslado de Idoia López de Riaño, alias la tigresa, etarra de 46 años y condenada a más de 2000 años de prisión por 23 asesinatos, desde Granada al penal de Álava, está creando polémicas en el pacto antiterrorista. El PP está en contra de la decisión, al ser una de las terroristas más sanguinarias, por lo que no se le deben aplicar beneficios penitenciarios. El Ministerio del interior, en cambio, es partidario de premiar a los presos que plantan cara a la banda, pidiendo perdón y comprometiéndose a asumir las indemnizaciones a las víctimas, acercándolas al País Vasco. El Gobierno cree que de esta manera se desestabiliza a ETA al enfrentar a los miembros activos y a los arrepentidos.
